Las propuestas Ómnibus publicaron el 26 de febrero de 2025 tras meses de especulación y una serie de reuniones a puerta cerrada muy criticadas. Tras el anuncio de las propuestas Omnibus ha habido múltiples reacciones.
En este artículo repasamos las principales medidas y también las principales respuestas de empresas, organizaciones sociales y profesionales.
Empezaré con una encuesta que WeAreEurope )con el apoyo de HEC París, la Universidad de York Ontario, la Escuela de Negocios de Copenhague (CBS), CERCES y LMU Múnich) envió a más de 1000 personas, el 40 % de las cuales ocupaban puestos directivos, en 26 países.
Los resultados muestran que las empresas están actualmente frustradas con el paquete Omnibus, y solo el 25% de los encuestados apoya los cambios propuestos. Pero, en cambio, el 51% cree que se requieren cambios importantes a nivel legislativo para crear un paquete que cumpla su propósito. En comparación, el 61% se mostraba muy o bastante satisfecho con la Directiva tal y como estaba definida antes de la intervención del paquete legislativo.
¿Qué propone el paquete Omnibus en materia de reporte de información y de debida diligencia?
La propuesta de Omnibus es mucho más amplia que la CSRD, sino que modifica las siguientes Directivas:
- Directiva sobre la Presentación de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD): Marco que describe cómo las empresas deben elaborar informes de sostenibilidad, exigiendo información detallada sobre su impacto ambiental, social y de gobernanza.
- Reglamento de Taxonomía de la UE: Define e identifica actividades realmente sostenibles desde el punto de vista ambiental, exigiendo a las empresas que informen sobre la proporción de sus ingresos, gastos de capital y gastos operativos vinculada a estas actividades, con el objetivo de orientar las inversiones y prevenir el lavado de imagen verde.
- Directiva sobre la Debida Diligencia en Materia de Sostenibilidad Corporativa (CSDDD): Si bien aún no se ha implementado, exigirá a las empresas que divulguen cómo gestionan y abordan los riesgos ambientales y en materia de derechos humanos en sus cadenas de valor, promoviendo la rendición de cuentas y las prácticas éticas.
Veamos cuáles son las principales medidas del Omnibus relacionadas con la CSRD y la CSDDD.
Lineamientos para la CSRD
- Reducción del Alcance: Los cambios propuestos reducen significativamente el número de empresas obligadas a cumplir con la CSRD, centrándose únicamente en las empresas más grandes. El alcance se reduce de más de 50.000 a menos de 7.000 empresas. Esto reducirá obligaciones de información en un 25 % para las grandes empresas privadas y en un 35 % para las pymes.
- Criterios Revisados: Los criterios revisados para que las empresas con sede en la UE se acojan a la CSRD ahora incluyen tener al menos 1.000 empleados a tiempo completo y una facturación anual de 450 millones de euros o más. Las empresas no pertenecientes a la UE ahora solo están cubiertas si generan 450 millones de euros o más en facturación en los mercados de la UE.
- Impacto de la Exención: Si se aprueban las propuestas, aproximadamente el 80 % de las empresas que inicialmente se esperaba que cumplieran con los requisitos obligatorios de la CSRD estarán exentas. Esto busca aliviar la carga de presentación de informes de las empresas más pequeñas dentro de las cadenas de valor de las grandes empresas.
- Retrasos en la presentación de informes: Las empresas que previamente tenían previsto comenzar a presentar informes de la CSRD en 2026 o 2027 verán ahora sus plazos pospuestos hasta 2028. Este retraso forma parte del paquete «Detener el Reloj» aprobado por el Parlamento Europeo.
Medidas para la CSDDD
- Debida diligencia limitada a proveedores de primer nivel: La propuesta limita el alcance de la debida diligencia centrándose en los proveedores directos (de primer nivel) y los socios comerciales. Esto significa que las empresas son las principales responsables de evaluar y abordar cualquier impacto adverso dentro de sus propias operaciones, filiales y relaciones directas, en lugar de hacerlo en etapas posteriores de la cadena de suministro.
- Retraso de las fechas de presentación de informes: Los Estados miembros de la UE deben transponer la directiva antes del 26 de julio de 2027, y las primeras empresas (más de 5000 empleados y una facturación de 1600 millones de euros) deben aplicar las normas a partir del 26 de julio de 2028.
- Definición simplificada de parte interesada: Se propone simplificar la definición de «parte interesada», centrándose en los trabajadores, sus representantes y las personas o comunidades directamente afectadas por las acciones de la empresa.
- Sin requisito de plan de transición: La eliminación del requisito de que las empresas implementen un plan de transición para la mitigación del cambio climático, lo que podría reducir la complejidad de la presentación de informes.
- Cambios en la responsabilidad civil: La propuesta sugiere eliminar el régimen específico de responsabilidad civil a nivel de la UE y la obligación de que los Estados miembros permitan a las organizaciones de la sociedad civil representar a las víctimas ante los tribunales.
- Ampliación del plazo para las directrices: Se propone ampliar seis meses el plazo para la publicación de directrices sobre cómo las empresas deben llevar a cabo la diligencia debida, lo que ofrece a las empresas más tiempo para comprender y cumplir los nuevos requisitos.
La Unión Europea sostiene que estas propuestas generarán un ahorro total en costos administrativos anuales de alrededor de 6.300 millones de euros y movilizarán una capacidad de inversión pública y privada adicional de 50.000 millones de euros para apoyar las prioridades políticas.
Pero a pesar de este objetivo, varias voces afirman que el objetivo es reducir cargas regulatorias y aumentar la competitividad, el efecto real es un retroceso normativo que debilita tanto la protección de los derechos humanos como la acción climática empresarial.
¿Qué piensan algunos stakeholders sobre los cambios en el paquete Omnibus?
El descontento con la modificación de las Directivas se expresa desde muchas voces y muchos tipos de organizaciones.
Una encuesta de Workiva, publicada antes de que se finalizaran las propuestas, reveló que el 85% de las empresas ya planeaban mejorar la información de sus organizaciones relacionada con el clima, independientemente de si los responsables políticos flexibilizan los requisitos de información obligatoria.
La encuesta de WeAreEurope reveló que el 90% de las organizaciones cree que la CSRD ayudaría a mejorar la soberanía y la influencia económica de Europa.
Los encuestados también debían enumerar sus principales críticas a la CSRD, incluyendo la orientación técnica suficiente y la falta de proporcionalidad para las pequeñas empresas. empresas, y el costoso y lento proceso de implementación, todo ello destacado.
De las empresas que se mostraron insatisfechas con la primera versión del CSRD, solo el 39% está satisfecha con las propuestas del paquete. De las empresas que se mostraron satisfechas con la CSRD aprobada, solo el 17% expresó su apoyo a los cambios.
La encuesta también reveló que es probable que el apoyo a la CSRD sea mayor entre las empresas más grandes. En el caso de las empresas con más de 5,000 empleados, el 67 % apoya la CSRD, en comparación con el 57 % entre las empresas con entre 250 y 500 empleados.
La encuesta también destaca fluctuaciones regionales. Los países nórdicos y occidentales, muchos de los cuales se encontraban entre los primeros en publicar sus informes de la CSRD, expresaron más preocupación por la CSRD y el Omnibus que los países de Europa del Este.
Más allá del estudio, una coalición de ocho grandes empresas y tres iniciativas comerciales ha escrito una carta abierta a la Comisión Europea, implorando a los responsables políticos que no retrasen la tan necesaria implementación práctica de estas normas ni que flexibilicen los requisitos de divulgación. La coalición ha expresado su preocupación por la posibilidad de que esto ocurra si los textos legales ya acordados se reabren a negociación.
Las empresas inluyen a DP World, Ferrero, L’Occitane, Mars, Nestlé, Primark, Signify y Unilever ha escrito una carta abierta a la Comisión Europea, solicitando a los responsables políticos que no retrasen la implementación práctica de estas normas ni que flexibilicen los requisitos de divulgación.
La carta afirma: “Agradecemos su compromiso público de mantener el contenido de la legislación pertinente y limitar cualquier cambio a aquellos que reduzcan los requisitos de información redundantes o superpuestos.”
Este no es el primer llamado a la acción de este tipo. También WWF UE convocó a unas 60 organizaciones en una carta abierta advirtiendo que cualquier desregulación amenazaría la estabilidad y la previsibilidad necesarias para las inversiones sostenibles. Entre los firmantes de la carta de WWF UE se encontraban Accor, Ikea, Decathlon, Patagonia, Nestlé, H&M Group y Triodos Bank.
También algunas de las empresas más grandes de Francia, incluidas Amundi SA y Electricite de France SA, firmaron una carta a los responsables políticos europeos instándolos a garantizar que el bloque cumpla con su calendario actual de implementación de las normas de presentación de informes ESG.
Pero no solo muchas empresas han expresado su descontento sino también organizaciones como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o un grupo de más de 30 abogados a nivel internacional y varios inversores que han publicado comentarios. La evaluación expone lo erróneos que son algunos de los cambios sugeridos con respecto a las directivas ya que debilitan el régimen de debida diligencia. El grupo de juristas europeos advierten que estos cambios socavan la seguridad jurídica, fomentan litigios y fragmentan el mercado único de la UE, en lugar de simplificarlo.
Los comentarios de estos dos grupos centran en que el paquete:
- Transforma la debida diligencia en un proceso reactivo ya que exige evaluaciones más allá del primer nivel solo cuando exista información verosímil. Esto impide que las empresas actúen de forma preventiva y promueve la intervención tardía, cuando el daño ya está hecho.
- Traslada a sindicatos y organizaciones de la sociedad civil la carga de identificar impactos adversos más allá del primer nivel. En muchos contextos, estos actores enfrentan restricciones legales o carecen de los medios necesarios, dejando zonas críticas sin vigilancia efectiva.
- Genera inseguridad jurídica y riesgo de fragmentación debido a la supresión del artículo 29(1) ya que cada Estado miembro puede adoptar enfoques distintos dificultando la coherencia en la aplicación de la normativa.
- Debilita la obligación legal de actuar frente al cambio climático debido a la eliminación del artículo 22 que exigía a las grandes empresas un plan de transición climática, debilita la obligación legal. Esto desincentiva la planificación de largo plazo y aumenta el riesgo de litigios por parte de actores que buscan claridad jurídica.
Vemos que el Paquete Omnibus introduce ciertos alivios regulatorios que han sido bien recibidos por un sector de pequeñas y medianas empresas que antes no veían viable el cumplimiento de las exigencias normativas, la reforma va en sentido contrario a las demandas sociales más amplias.
El debilitamiento de las obligaciones de debida diligencia y de acción climática, la reducción del alcance de la normativa y la eliminación de mecanismos clave de rendición de cuentas han generado un amplio rechazo entre empresas comprometidas con la sostenibilidad, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y juristas.
Pero parece que lejos de fortalecer el marco europeo para una economía más justa y sostenible, el paquete parece priorizar la competitividad a corto plazo a costa de derechos humanos, justicia ambiental y seguridad jurídica sin que necesariamente tenga un amplio apoyo social.
